Juan Manuel “El Negro” Marín , candidato independiente a la Gobernación de Vargas
LOS GUAYREÑOS LUCHAREMOS PARA EVITAR APROBACIÓN DE LEYES INCONSTITUCIONALES QUE NOS ARREBATAN DEFINITIVAMENTE EL PUERTO Y EL AEROPUERTO
Iremos a la Asamblea Nacional, al tribunal supremo de Justicia y a la Calle si es necesario
Este jueves, 17 el Diputado FRANCISCO AMELIACH presentó por ante Asamblea Nacional la propuesta de modificación de las leyes de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, la Ley General de Puertos y la Ley de Aeronáutica Civil, para que el Gobierno Nacional retome el control de puertos, aeropuertos y carreteras del país. Estas reformas serán trabajadas, con urgencia, por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que le dará vía rápida a la petición presidencial.
Los Guayreños no aceptaremos pasivamente esta situación. Vamos a luchar por lo que nos corresponde, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales. Este no debe ser un tema para la confrontación entre nosotros mismos. ¿Que guayreño verdadero puede estar a favor de que nos arrebaten nuestro puerto y aeropuerto? ¿Que guayreño puede apoyar que gente extraña a nosotros siga administrando los grandes recursos que generan el puerto y el aeropuerto para que una parte de ellos se la trague la corrupción y otra se vaya para Caracas..? Debemos actuar, primero como guayreños y después como cualquier otra cosa. Llamamos a todos a la UNIDAD, a defender lo que es nuestro.
El próximo lunes convocaremos a todas las organizaciones políticas y sociales del estado a reunirnos y a conversar para que aprobemos un plan de lucha común. Vamos a ir a la Asamblea Nacional a debatir, vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia y si es necesario vamos a ir a las calles.
Esta acción se basa en una infeliz sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre una interpretación del artículo 164 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra como competencia exclusiva de los estados la administración de estos bienes, instalaciones e instituciones. A pesar de ello, el TSJ considera que el Gobierno nacional puede asumir “el control de las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, en aquellos casos que a pesar de haber sido transferidas esas competencias, la prestación del servicio por parte de los estados es deficiente". Tamaña generalidad termina desconociendo y haciendo nugatorio un mandato expreso de la Constitución que atribuye a los estados esta competencia, de manera exclusiva, es decir, no compartida con otro, y al poder nacional solo le da la atribución de coordinar con ellos.
Se trata de una inaceptable agresión a la descentralización y a los poderes regionales y locales que amenaza con aniquilarlos y arrebatar a los ciudadanos el acceso a los recursos que estos activos generan. Esto forma parte de una arremetida que se inició hace ya cierto tiempo y de la que, lamentablemente, se encuentra confeso el Gobierno, que anunció que los recursos del originalmente llamado impuesto a la ganancia súbita no irían al fisco, y que se convertirían en “contribución especial para que no generen situado”. Es decir para que Estados y Municipios no reciban nada. También les están quitando casi todas las competencias en materia de seguridad ciudadana, mediante la aprobación de la Ley de Policía Nacional, pretendiéndose igualmente restituir al Gobierno Nacional el control de las redes hospitalarias regionales.
Si se consolida esta pretensión se convertirían progresivamente los estados y municipios en entelequias sin atribuciones y sin recursos. No sabemos si el próximo paso será proponer la eliminación de Gobernaciones y Alcaldías y, por ende los Consejos Legislativos y Cámaras Municipales.
En el caso particular de Vargas, lo anunciado constituye un grave atentado contra los derechos de un pueblo que ha luchado por siglos enteros para lograr la administración de sus principales activos, confiscados desde hace mucho por el poder central. Creímos haberlo logrado cuando este Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República hizo entrega formal, mediante documento público registrado de todos los bienes e instalaciones del Puerto de La Guaira, pero la frustración fue enorme, cuando el mismo Gobierno que suscribió la esperada entrega de activos, se negó a cumplir con ella y jamás permitió la entrega material de ellos. A partir de allí, el Puerto de la Guayra ha sido administrado ilegal e inconstitucionalmente por la empresa Puertos del litoral Central, cometiéndose con ello muy graves irregularidades. Todo para seguir llevándose nuestros recursos económicos para Caracas, para ser manejados caprichosa y arbitrariamente por MINFRA. Mientras esto ocurría, nuestras autoridades Regionales, legítimos administradores de los activos secuestrados no decían “esta boca es mía” . Estos recursos podrían servir, por ejemplo, para que Vargas tuviera mejores servicios, los bomberos no tuvieran que salir a la calle a protestar por sus salarios de hambre, nuestros policías tuvieran sueldos decentes; se reparen las escuelas que se están cayendo, se construyan viviendas para los que no la tienen o se repare la vialidad y se doten adecuadamente los hospitales, entre otras cosas.Pero, entre las particularidades de nuestro caso, también hay que decir que quien ha administrado ineficientemente el puerto ha sido el Gobierno Nacional que lo llevó de ser el primer puerto del país al tercer lugar y no ha sido capaz de superar el 25% de productividad. Entonces, ¿Por qué razón se atribuye el derecho a administrarlo? ¿No correspondería, más bien, que el poder nacional, que no ha podido demostrar que puede con nuestro puerto, lo entregue de una vez por todas a sus legítimos dueños?.
Al Presidente, que fue apoyado masivamente por los Guayreños le pedimos consecuencia y respeto. No nos quite lo que nos pertenece. Todavía no se ha cometido la injusticia que se anuncia. Rectifique y sepa que esa rectificación, si ocurre será aplaudida por todos.
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